Tal como he afirmado en la publicación “gobiernos incluyentes y gobiernos excluyentes”, quisiera comenzar por destacar la importancia de integrar un enfoque de derechos humanos en las políticas públicas, programas de gobierno y en general en cualquier acción pública, pues constituye un lente que nos visibiliza a todos. 

En poco más de 20 años se hizo evidente el potencial de Internet para el ejercicio de las libertades, la educación, el impacto de las redes sociales; y la revolución que supuso para el comercio, el entretenimiento y la innovación. Por supuesto, un cambio de tal naturaleza también entraña desafíos como la diseminación del discurso que incita a la violencia; los riesgos para la privacidad; la necesidad de que toda la humanidad acceda a la red; la difusión deliberada de desinformación y el papel de las plataformas de redes sociales en la circulación de la información.

Nunca en la historia como hoy se han reconocido tantos derechos humanos. Las leyes, constituciones y tratados parecen competir por garantizar infinitos inventarios de prerrogativas sobre la dignidad humana. Y sin embargo, nunca en la historia el movimiento por los derechos humanos ha estado en una crisis tan grave como la actual.

Actualmente existen dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dos cuestiones que vale la pena comentar como un avance importante para el reconocimiento y la aplicación de los derechos humanos en nuestro país. Nos referimos en un primer plano a la denominación como derechos humanos.