Ante la existencia de entornos sociales complejos y cambiantes, la generación de condiciones que permitan la satisfacción de las necesidades de la totalidad de las personas resulta prácticamente imposible. Y máxime si se atribuye dicha labor de forma exclusiva al aparato gubernamental.

Esta primera afirmación genera escozor en algunas personas, derivado del paternalismo implantado en el imaginario social desde hace ya varias décadas, y que responsabiliza del éxito o fracaso de la sociedad al Gobierno. 

Una de las primeras lecciones aprendidas en la carrera de derecho es que éste no es una ciencia como las matemáticas, la física o la química; entre otras razones, porque los abogados no trabajan con “elementos” medibles, estables y predecibles como éstas. Ellos, en cambio, lidian con sujetos, las personas, que no suelen regir sus vidas en virtud de principios y reglas exactos.

Posiblemente, al escuchar el nombre Florence Cassez, recordemos a “una secuestradora francesa que dejaron en libertad”, a pesar de que fuimos testigos de su detención “en vivo”, en los dos principales noticieros matutinos de aquél entonces. O bien, recientemente, nos hemos enterado sobre el caso de Duarte, “por primera vez en la historia de México, un político será juzgado por la Corte Penal Internacional”

El análisis del Nuevo Sistema de Justicia Penal no puede aislarse históricamente al momento que vivimos.

El debate en torno a la eficacia del Nuevo Sistema de Justicia Penal se ha centrado en los últimos meses en discernir la conveniencia de los privilegios que han generado la entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal y del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio.