La priorización de los derechos humanos, la atención al delito de desaparición y la participación de las víctimas en la construcción de políticas públicas como parte del Plan Estatal de Desarrollo puede terminar de impulsar los procesos de construcción de capacidades institucionales en Coahuila, necesitamos una verdadera Fiscalía que sirva, una Comisión de Búsqueda que encuentre y un Centro Regional que identifique a todos los fallecidos que esperan recuperar el nombre y a quienes se les espera en casa.

Creo que es posible agrupar en tres rubros las principales funciones o roles de la Universidad frente a los derechos humanos: estudiar, investigar y analizar las problemáticas sociales; difundir los resultados y capacitar a las personas que intervienen en la temática (personas en situación de víctima o personas vulnerabilizadas, agentes del Estado, y sociedad civil); y proponer mecanismos y líneas de acción para la atención de las problemáticas sociales.

El respeto a los Derechos Humanos es uno de los principios que rigen al CRIH, no solamente respecto a las familias que acuden a donar su muestra referencial para la búsqueda de sus seres queridos, sino también el respeto para el manejo de los cuerpos y restos humanos que cuidadosamente se someten a un tratamiento forense para aproximarse a su identificación. Por esto, además de laboratorios, se cuentan con áreas dignas de resguardo temporal, como gavetas individuales y áreas de osteotecas, que nos permiten resguardar los cuerpos de personas fallecidas hasta en tanto puedan regresar a casa. La dignidad de las personas no se extingue con la muerte, por eso su resguardo tiene que apegarse a estándares internacionales en materia de Derechos Humanos.

Como importante punto de partida, Coahuila cuenta con un Programa Estatal de Derechos Humanos medible y verificable por organismos internacionales el cual sirve como guía para planear, diseñar y presupuestar políticas públicas con un enfoque humanista, bajo las mejores prácticas y estándares internacionales en la materia. Lo anterior, con la finalidad de señalar y remover todos aquellos obstáculos estructurales que impiden el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales de las y los coahuilenses.