Prueba de su gran fe y confianza en la Corte Suprema como órgano de garantía constitucional y de protección de los derechos fundamentales la encontramos en la flexibilidad de sus posicionamientos. 

El derecho humano de acceso a la justicia es un principio básico del Estado democrático de derecho, y aunque es más obvia su presencia durante los procedimientos judiciales, en un sentido amplio permite a las personas ser escuchadas por la autoridad y ejercer sus derechos. Incluso, con éste se logra que la propia autoridad rinda cuentas. 

Sin duda la aceptación de la competencia del Comité contra las desapariciones forzadas de Naciones Unidas es una acción que debe reconocerse y aplaudirse. Pero no al Gobierno, sino a las familias, quienes incansablemente luchan por los derechos de sus seres queridos desaparecidos ¡hasta encontrarles!

Ahora que nos enfrentamos a una pandemia es indispensable recordar que esta eventualidad se presentó en México en la segunda década del siglo pasado. En efecto, me refiero a la llamada “gripe española” que, si bien impactó a buena parte de México, una de las facciones revolucionarias la resintió sobremanera.