Academia IDH presenta su Licenciatura en Derecho en el Congreso CEEAD sobre Educación Jurídica 2022
Monterrey, Nuevo León – Saltillo, Coahuila, México. – Esta semana, durante los días 23, 24, 25 y 26 de marzo, se está llevando a cabo en modalidad virtual el Congreso sobre Educación Jurídica que organiza anualmente el Centro de Estudios sobre la Enseñanza y el Aprendizaje del Derecho, A.C. (CEEAD), cuya sede se ubica en Monterrey, Nuevo León. Este centro es una institución independiente, privada, sin fines de lucro, fundada en 2008 y se dedica a la investigación, desarrollo, implementación y evaluación de iniciativas para transformar la educación jurídica y el ejercicio profesional del derecho.
La Academia Interamericana de Derechos Humanos (Academia IDH) de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) ha participado en los congresos cada año, además de ser parte del grupo co-organizador junto al CEEAD para la realización del evento. Este 2022, la institución morada de Coahuila presentó el programa de educación profesional que se inaugurará el siguiente semestre: la Licenciatura en Derecho con perspectiva en Derechos Humanos.
Con la participación de la Dra. Irene Spigno, Directora General de la Academia IDH, del Dr. Luis Efrén Ríos Vega, magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila de Zaragoza, del Dr. Rodrigo Santiago Juárez, Director del Centro de Educación para los Derechos Humanos (CEDU de la Academia IDH) y del Dr. José Grijalva Eternod, investigador del CEDU, se expuso en qué consiste la nueva licenciatura y sus beneficios a la sociedad al tratar el derecho desde una perspectiva que se adecué a la nueva era globalizada, a través de planes de estudio reformados y personal docente ampliamente capacitado.
Agregaron que se ha diseñado con bases y fines de brindar educación humanista, ética, crítica, política y democrática en aras de formar sujetos de derecho con conocimientos, habilidades y actitudes para respetar y exigir no solo sus propias prerrogativas fundamentales, sino también las de las demás personas, buscando una verdadera transformación de la convivencia social y del sistema jurídico.
Finalmente pero no menos importante, la y los interventores destacaron que con ella se contribuye al cumplimiento del mandato constitucional federal y local de promover y garantizar los derechos humanos, a la necesidad de crear y modificar metodologías innovadoras, a la importancia de formar futuras generaciones que atiendan a las directrices nacionales e internacionales con perspectivas transversales en la materia, así como a la observancia y obediencia de los objetivos de la Agenda 2030 establecidos por la Naciones Unidas.
