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Academia IDH ha realizado el Observatorio Judicial Electoral 2023

Arteaga, Coahuila. – Los días 23 y 24 de noviembre de 2023, la Academia Interamericana de Derechos Humanos (Academia IDH) de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) ha llevado a cabo el Observatorio Judicial Electoral de este año en coordinación con la Escuela Judicial Electoral (EJE) del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

El evento se desarrolló con una estructura conformada por ocho mesas, las cuales se celebraron equitativamente durante el jueves y el viernes y cuyas ponencias estuvieron a cargo de múltiples personas expertas que analizaron, desde ópticas académicas y prácticas, alrededor de cincuenta sentencias de gran relevancia en materia de derechos político-electorales.


Así, en la primera mesa, con la moderación de la Dra. Irene Signo (Academia IDH), la Mtra. Pamela San Martín Ríos y Valles (UNAM-vía virtual), el Mtro. Gabriel Mendoza Elvira (Ex Director Jurídico del INE) y el Dr. Marcos del Rosario Rodríguez (ITESO), comentaron resoluciones relativas a la asignación de diputaciones y senadurías en comisión permanente, a la inviolabilidad parlamentaria, así como a diputaciones suplentes y convocatorias dirigidas al INE respecto de estas cuestiones. De la discusión, destacaron como principal reto la necesidad de observar los asuntos desde diversas ramas -no sólo la electoral- para llevar a cabo una adecuada interpretación en aras de solventar vacíos y conflictos en el control de actos parlamentarios desde la justicia electoral.


El siguiente panel contó con las colaboraciones de la Mtra. Alejandra Tello Mendoza (EJE), la magistrada Karla Verónica Félix Neira (Tribunal Electoral de Coahuila) y la Dra. Irene Spigno (directora general de la Academia IDH), así como con la moderación del magistrado Ernesto Camacho Ochoa (Sala Regional Monterrey). Teniendo como eje la problemática de la violencia política de género (VPG) y la violencia institucional, las observaciones partieron de sentencias relacionadas con acusaciones contra expresiones, “calumnias” y conductas en casos de promocionales partidistas, de la gobernadora de Campeche, de Salinas Pliego y de Xóchitl Gálvez. Las participantes apuntaron a la importancia de entender la igualdad de género no como una lucha entre hombres y mujeres, sino como una garantía del ejercicio igualitario de los derechos político-electorales sin la amenaza de la dignidad e integridad personales. Asimismo, recordaron que, en el análisis de estos asuntos, cabe hacer uso del test o guía de elementos constitutivos de la VPG (desarrollada por la magistrada Mónica Soto Fregoso) y el desafío en distinguir claramente el elemento del género.


Posteriormente, el Mtro. Juan Carlos Silva Adaya (TEPJF), la Mtra. Laura Daniella Durán Ceja (Instituto Electoral EdoMex) y el magistrado Sergio Díaz Rendón (Tribunal Electoral de Coahuila) conversaron sobre la judicialización de la vida interna de los partidos políticos en una tercera ronda, moderada por la Dra. Gabriela Dolores Ruvalcaba García (directora de la EJE). Durante este diálogo, las ponencias giraron en torno a juicios y procesos accionados por miembros del PRI y de MORENA. El punto más relevante fue sobre el equilibrio que debe existir entre el grado de intervención jurisdiccional en cuestiones internas de los partidos políticos y la autonomía de estos, en relación con la salvaguarda de los principios de justicia y democracia en sus procesos internos.


En el cuarto y último tema del jueves, el magistrado Luis Efrén Ríos Vega (TSJ de Coahuila), el Dr. Flavio Galván Rivera (EJE) y la consejera Beatriz Claudia Zavala Pérez (INE), con la moderación del Mtro. Alexander Reyes Guevara (EJE), compartieron sus análisis respecto a sentencias relativas al impacto de la figura presidencial mediante la transmisión de las conferencias “mañaneras” al margen del principio de equidad y neutralidad que debe imperar en las contiendas electorales. Se destacaron planteamientos del cuidado que debe haber al balancear, por un lado, la libertad de expresión y el uso de la imagen de funcionarios públicos en la propaganda política, y por otro, la aplicación de un sistema de restricciones y sanciones con el cual tener claros los límites de los servidores y sus ofertas proyectadas al público ciudadano.


El viernes dio inicio con la mesa número 5, moderada por la Dra. Gisela García Garza (Academia IDH) y en la cual la magistrada Eva Barrientos Zepeda (Sala Regional Xalapa), el Dr. Yuri Pérez Martínez (Universidad de La Habana) y el Mtro. Alfonso Roiz Elizondo (CEENL) presentaron sus observaciones sobre decisiones de la Sala Superior del TEPJF en materia de situaciones de vulnerabilidad histórica ante la justicia electoral. Durante este diálogo, se discutieron los casos relativos a la omisión legislativa en Coahuila, al acceso de personas con discapacidad a cargos de elección popular, a la obligación de garantizar el ejercicio de la consulta indígena para implementar acciones afirmativas, otro asunto de omisión legislativa particularmente sobre derechos políticos de personas LGBTTTIQ+, un juicio demandando la adecuación de la credencial del INE con la identidad de género para personas no binarias, así como las acciones afirmativas emitidas para la integración del Congreso de Coahuila.


Enseguida, tocó al magistrado Enrique Figueroa Ávila (Sala Regional Xalapa), al Dr. Rodrigo Santiago Juárez (Academia IDH) y a la Lic. Lisandra Esquivel Cabezas (Universidad de La Habana) compartir sus análisis en la sexta mesa del programa. Con el Dr. José Rafael Belandria García (Academia IDH) como moderador, la temática desarrollada por la y los panelistas se refirió a la importancia de garantizar la autonomía constitucional (normativa, técnica y presupuestal) del Instituto Nacional Electoral.


El séptimo panel contó con las aportaciones de la Dra. Noris Tamayo Pineda (Universidad de La Habana), la consejera Madeleyne Ivett Figueroa Gámez (Instituto Electoral de Coahuila) y la moderación de la Mtra. Gabriela Villafuerte Coello (EJE). Los análisis de las comentaristas partieron de una serie de decisiones emitidas por la Sala Superior del TEPJF relacionadas con casos de titulares y/o ex titulares de jefaturas de gobierno, de gubernaturas de Tamaulipas y Durango, de determinadas alcaldías y de servidores de la nación (como un ex secretario de gobernación). La postura de las expertas versó sobre la necesidad de crear regulación más precisa en relación con lo dispuesto por el artículo 134 constitucional (especialmente desde la reforma de 2014 respecto al alcance de los OPLEs para resolver procesos sancionadores), en aras de tener un régimen claro de los servidores públicos en los procesos electorales a la luz de principios como los de imparcialidad y neutralidad.


La octava y última mesa fue moderada por el Dr. Alfonso Herrera García (EJE) y estuvo a cargo de la consejera Carla Astrid Humphrey Jordan (INE), del magistrado Luis Espíndola Morales (Sala Regional Especializada del TEPJF) y de la Dra. Yessica Esquivel Alonso (Academia IDH). Al centro de este diálogo se observaron sentencias sobre procesos y definición de candidaturas presidenciales. En particular, las resoluciones dieron materia para cuestionar la manera en que se ha llevado a cabo la interpretación normativa al decidir sobre la elección de la coordinación de los Comités de Defensa de la 4T (como sucedió con el caso de la queja de Marcelo Ebrard), sobre los lineamientos generales para regular y fiscalizar procesos partidistas de Morena y del Frente Amplio por México en la definición de sus liderazgos políticos y sobre el registro del convenio para conformar la “Construcción del Frente Amplio por México”.


Finalmente, la clausura del evento fue conducida por el Dr. Alfonso Herrera García, en representación del EJE y su directora, la Dra. Gabriela Dolores Ruvalcaba García, por el magistrado Luis Espíndola Morales (Sala Regional Especializada del TEPJF) y por la Dra. Yessica Esquivel Alonso, en representación de la Academia IDH y su directora general, la Dra. Irene Spigno, quienes brindaron unas palabras de agradecimiento y de celebración por la continuidad de los esfuerzos y enlaces institucionales entre los organismos organizadores del observatorio, lo cual redunda en un ejercicio de apertura, transparencia e intercambios de análisis críticos en pro de la construcción y mejora de la labor jurisdiccional.






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