Academia IDH en el 55 aniversario de la Facultad de Derecho de la UAdeC, UT

Torreón, Coahuila. – La Dra. Irene Spigno, Directora General de la Academia Interamericana de Derechos Humanos (Academia IDH) de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), ha participado este viernes 23 de septiembre en la Jornada Jurídica 2022, evento de festejo del 55 aniversario de la Facultad de Derecho de la UadeC, Unidad Torreón (UT).

La unidad lagunera de la Facultad de Derecho de la UAdeC fue fundada desde 1967 y, recientemente, se han impulsado importantes cambios y mejoras a la facultad, tanto en sus instalaciones cuanto en su quehacer académico.

Por un lado, se crearon y remodelaron la Sala de Juicios Orales, el Centro de Investigación Jurídica, aulas de posgrado, la biblioteca, el centro de cómputo, entre otras cuestiones de infraestructura. Por otro, se ha renovado el programa de la licenciatura, se han promovido y desarrollado mayor participación en congresos, proyectos y otras múltiples actividades académicas a nivel nacional e internacional, por lo cual la Facultad ha sido reconocida por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior. que abonan a la oferta educativa de calidad.

En el marco de su celebración de aniversario, la Facultad de Derecho de la UAdeC, UT, desde el lunes 19 al viernes 23 de septiembre en esta semana, llevó a cabo un ciclo de diálogos y ponencias sobre los temas jurídicos y de derechos humanos más relevantes y actuales del país y de nuestra entidad.

Como experta en materia de derechos humanos y como Directora General de la Academia IDH, la Dra. Spigno fue invitada como ponente en la mesa titulada: “La participación política de los grupos en situación de vulnerabilidad/ vulnerabilizados”, que compartió con el Dr. Luis Efrén Ríos Vega, Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila de Zaragoza, y con el Dr. Sergio Díaz Rendón, Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Los principales comentarios giraron en torno a las problemáticas que se han presentado en relación con la implementación de las cuotas mínimas como herramienta para asegurar la participación de personas de grupos en situación de vulnerabilidad o vulnerabilizados. Partiendo del ejemplo de este mecanismo y su camino en el logro de la paridad de género en la composición de cuerpos de toma de decisiones públicas, la Dra. Spigno agregó que hay que preguntarnos cómo y hasta dónde se puede ir integrando a otras personas vulnerabilizadas en dichas cuotas, como aquellas con discapacidad, de la diversidad sexual, migrantes, adultos mayores, defensoras de derechos humanos, víctimas de violaciones y delitos, etc.

Enseguida, el Dr. Díaz Rendón compartió, precisamente, el caso práctico que recientemente se resolvió en el Tribunal Electoral, en el cual dos personas de la comunidad LGBTTTIQ+ acusaron a autoridades electorales (al Consejo General y al Instituto Nacional Electoral) de haber omitido su obligación de diseñar e implementar acciones afirmativas en pro de garantizar a este grupo poblacional su participación en elecciones como candidatos. De la resolución del tribunal, que dictó que sí hubo omisión y se vinculó al INE y al Congreso para desarrollar y actualizar las medidas conducentes y la regulación electoral correspondiente con el fin de asegurar el acceso efectivo de personas LGBTTTIQ+ a los procesos y contiendas para el ejercicio del poder público, destacó que ya se ha discutido y aprobado una reforma que ahora está en etapa de revisión por los municipios.

Por su parte, el Dr. Ríos Vega hizo referencia a una cuestión básica del derecho a la participación y toma de decisiones públicas: el respeto a la voluntad de gobernarse. Este derecho se manifiesta como una doble prerrogativa en el ejercicio del sufragio: el derecho a votar y el de ser votado. En este tenor, indicó cómo ha habido grupos poblacionales que, históricamente, han sido restringidos o excluidos de las consideraciones y toma de decisiones públicas y, por tanto, han quedado fuera de la representación de sus intereses en las altas esferas gubernamentales. Y es que la forma en la que una persona ve el mundo y se desenvuelve en la sociedad cambia en virtud de sus condiciones físicas, culturales, sociales, económicas, etc.

Por todo lo anterior, se concluyó que el poder de decidir es un derecho en el que debe darse acceso y posibilidad efectiva de ejercicio a favor de todas las personas, por lo que el juego político debe tener reglas claras con el fin de dar lugar a una verdadera representación incluyente, con respeto a los derechos humanos y garantista.